EL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES

Importancia del Registro:

La creación de este registro responde a la necesidad de aumentar la transparencia en la estructura societaria de las empresas, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, alineándose con las directrices de la Unión Europea en materia de transparencia financiera. Al obligar a las empresas a identificar a los beneficiarios reales, se busca evitar la opacidad y el uso de estructuras societarias complejas para esconder la verdadera titularidad de los activos.

Beneficios:

1. Prevención del fraude: Al conocer a los beneficiarios finales, se podrán evitar prácticas fraudulentas y detectar operaciones sospechosas relacionadas con la evasión fiscal y actividades ilícitas.
2. Cumplimiento normativo: España se adapta a las normativas europeas de transparencia financiera, específicamente la Directiva (UE) 2015/849 y su modificación, la Directiva (UE) 2018/843, conocidas como las directivas contra el blanqueo de capitales (AMLD, por sus siglas en inglés).
3. Acceso a la información: Este registro proporcionará una herramienta clave para las autoridades y empresas, ya que facilitará el acceso a información sobre las estructuras empresariales y su titularidad.

Desafíos:

• Cumplimiento por parte de las empresas: La implementación de este registro requerirá que las sociedades se adapten y mantengan actualizada la información sobre sus beneficiarios reales, lo que podría implicar costos administrativos adicionales.
• Protección de datos: También habrá que equilibrar las necesidades de transparencia con la protección de los datos personales de los beneficiarios.

El Registro Central de Titularidades Reales es una medida fundamental para incrementar la responsabilidad y la transparencia en el ámbito empresarial, ofreciendo un marco claro para combatir la corrupción y otros delitos financieros en España​

Noticia:

NUEVA NORMATIVA SOBRE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES

En julio de 2023, entró en vigor una normativa relevante para las modificaciones estructurales de las sociedades, aprobada mediante el Real Decreto-ley 5/2023.

Durante 2024, se espera que se aclaren diversas cuestiones legales y doctrinales en torno a esta normativa, incluyendo la necesidad de certificados sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social para determinadas operaciones.

Además, se espera una mayor claridad sobre el control de legalidad en operaciones transfronterizas para evitar fraudes y abusos en modificaciones estructurales, lo que tendrá un impacto importante en el derecho societario en España​.

Noticia:

Garrigues

Uria